Aunque ahora nos cueste imaginarlo, hubo un tiempo en que fuimos arquitectos. Un tiempo no tan lejano y que sin embargo parece inconcebible desde la perspectiva actual, e irreal, si nos atenemos a la vorágine en que nos movíamos.
Echamos la vista atrás y cuesta creer lo que pudimos vivir, aquello de lo que fuimos testigos y en cierto modo, también participes o al menos colaboradores necesarios. Nos pasa algo parecido a lo que le sucedía al teniente general Harold Gregory “Hal” Moore, Jr. Y al periodista Joseph L. Galloway, autores del libro en que se basó la película Cuando éramos soldados (We were soldiers, en su título original), pero a diferencia de estos, protagonistas de una historia de la que todavía se sentían orgullosos, nosotros no podemos decir lo mismo.
Así como aquellos fueron enviados a Vietnam a machacar lugareños, misión que cumplieron eficaz y valientemente, a nosotros nos llamaron para redactar plantes, programas y todas las herramientas necesarias para que nuestra tierra se viera convenientemente cubierta de edificaciones. Y como campo sembrado de cadáveres, el suelo español se encuentra ahora salpicado de urbanizaciones espectrales, esqueletos de edificios abortados en una fase incipiente de su construcción, que rompen el paisaje y se convierten en cruel recordatorio de lo que pudo ser y no fue, de lo que nunca debió permitirse.
Los datos del Informe sobre el stock de vivienda nueva 2012, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo (Ministerio de Fomento) son demoledores, con la cifra de 583.000 viviendas por vender en España en el año 2013. Y en la Comunitat Valenciana, la situación alcanza un tinte dramático, debido a una distribución territorial, caracterizada por “una gran irregularidad, concentrándose fundamentalmente en la costa levantina, las áreas de Madrid y Barcelona, el resto de las costas mediterráneas y los archipiélagos, reflejando la fuerte dinámica inmobiliaria de la vivienda turística y las áreas metropolitanas”. Así las cosas, hasta la reciente introducción de nuevos criterios en la elaboración del citado informe (en diciembre de 2013), Castellón ostentaba el dudoso honor de encabezar el ranking de provincias con mayor porcentaje de vivienda nueva sin vender sobre el parque de viviendas, con el 11,99%. Según los nuevos datos, el porcentaje del stock de viviendas por vender es en Castellón del 6,46% lo que nos sigue situando a la cabeza de España como la provincia con el mayor porcentaje de stock sobre el parque de viviendas.
Entidades financieras, organismos de control y supervisión de las administraciones públicas y la sociedad en su conjunto, tuvieron en mayor o menor medida, su correspondiente cuota de responsabilidad, bien sea por acción u omisión. De todos ellos, los únicos que quizá van a salir indemnes de esta quema son, como es fácil imaginar, las entidades financieras, siempre apoyadas por un Estado al que no le faltan argumentos para justificar la ingente ayuda económica que nos hemos visto obligados a ofrecerles. Mejor no pensar en ello.
Son múltiples los puntos de vista sobre los que se puede analizar este fenómeno, pero aun sin entrar en su análisis en profundidad, es inapelable un ejercicio de auto-crítica por parte de los profesionales, porque cada una de estas promociones inmobiliarias exigió la intervención de un equipo técnico multidisciplinar que le dio forma y otro que lo decepcionó, aprobándolo, sin valorar las consecuencias de esta dinámica.
La profesión se vio arrastrada por el “tsunami urbanizador” que impedía cualquier intento de reflexión crítica sobre una actividad desbocada, que se retroalimentaba con la aportación de recursos financieros casi ilimitados en los que salvo honrosas excepciones, se justificaba sin solución de continuidad la puesta en carga de nuevos desarrollos con crecimientos imposibles, sin reparar en las consecuencias. Desgraciadamente, la voluntad de permanencia en el territorio de aquellas actuaciones sobrevivirá a todos los que intervinieron en su diseño y construcción, a modo de escarnio de una época pecaminosa.
Imbuidos en un proceso en que programábamos suelo a un ritmo tan rápido como los muchachos del (entonces) coronel Hal Moore se cargaban a sus enemigos en la película, la profesión llegó a estar desbordada, atendiendo a la ingente demanda de actuaciones urbanizadoras de nueva planta, precedidas de los correspondientes instrumentos urbanísticos. La disponibilidad de recursos financieros era ilimitada, como era abundante la munición que descargaban los americanos sobre el enemigo.
Las consecuencias de esta vorágine especuladora para una profesión que no supo estar a la altura de las circunstancias son conocidas por todos. Según los datos recopilados en el III Estudio Laboral del sector de los arquitectos españoles, elaborado por el Sindicato de Arquitectos (SArq), “el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las crisis económica han llevado a muchos profesionales a una situación laboral muy precaria, en donde siete de cada diez arquitectos está en paro o está empleado ilegalmente, y donde solamente un 24% de los arquitectos que trabaja en el sector consigue ganarse la vida como arquitecto cobrando por encima de los 1.000 euros mensuales”.
Podríamos buscar alguna “cabeza de turco” sobre la que descargar nuestra frustración por las consecuencias de este dramático escenario, pero la solución debe pasar necesariamente por nosotros mismos. Señalar sistemáticamente a la banca o a la administración y sus funcionarios como únicos responsables del problema sería injusto, cuando eran otros quienes inundaban los registros administrativos de las administraciones con unos expedientes que con la perspectiva del tiempo, producen sonrojo por la desidia y la falta de rigor con la que fueron concebidos. El mercado bonificaba la cantidad en detrimento de la calidad, lo que trasladaba a los funcionarios la imposible y peligrosa responsabilidad de dotar de seguridad jurídica a unos procedimientos conformados con tan exiguas herramientas.
Los datos son concluyentes y exigen que los urbanistas nos ganemos de nuevo la confianza de una sociedad desbordada por los acontecimientos, ayudando a levantar la voz frente a los vicios e inercias heredados del pasado y a la amenaza de “vuelta a las andadas”. Aportando nuestro conocimiento y oficio en una actividad determinante para la vertebración de nuestro territorio y que bien articulada, podría contribuir a la recuperación económica. Sólo así – y aún es difícil- podremos albergar la esperanza de ser rehabilitados y ver nuestra credibilidad restituida.
Reincidir en los errores cometidos en el pasado sería imperdonable y tendría consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad, cuando esta debe implicarse en la definición de nuevo modelo de crecimiento, apostando por un tipo de desarrollo que realmente la sitúe entre las más avanzadas del mundo. Porque no olvidemos que, a diferencia del teniente Herrick, cuyas últimas palabras fueron “estoy orgulloso de morir por mi país”, nosotros no podemos consolarnos diciendo “estoy orgulloso de haber programado todo ese suelo”.
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